Llegó a su fin una de las batallas fiscales más emblemáticas de la era digital. El gobierno de Irlanda anunció oficialmente que transfirió a su fondo central los 14.300 millones de euros depositados por Apple en una cuenta de garantía, poniendo fin así a una larga disputa sobre supuestos beneficios fiscales ilegales concedidos al gigante estadounidense.
El valor, depositado por Apple en 2018, había sido determinado por la Comisión Europea como la cantidad que la empresa debería haber pagado en impuestos en Irlanda, si no hubiera recibido un acuerdo especial —clasificado como "ayuda estatal ilegal". La ventaja habría sido ofrecida como incentivo para que Apple estableciera su sede europea en el país.
Entienda el caso
La disputa comenzó en 2013, cuando la Comisión Europea inició una investigación y concluyó que Apple se había beneficiado de ventajas fiscales indebidas. En 2016, la Comisión determinó que la empresa debía devolver a Irlanda los importes correspondientes a un período de 10 años anteriores a la investigación, considerando que había obtenido "ventajas significativas" sobre sus competidores.
Apple, por su parte, depositó el valor en una cuenta de garantía en 2018, como forma de cumplimiento temporal de la decisión. En 2020, la empresa obtuvo una victoria provisional cuando el Tribunal General de la Unión Europea falló a su favor. Sin embargo, en 2024, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea revocó esta decisión y confirmó la interpretación original de la Comisión Europea.
Con la decisión definitiva, el gobierno irlandés cerró la cuenta de garantía y asumió la posesión de los 14.300 millones de euros.
Un capítulo cerrado
Con el traslado del valor al fondo central de Irlanda, el episodio llega a su fin. El caso quedó marcado como un símbolo de la presión de la Unión Europea contra las prácticas fiscales de las grandes empresas tecnológicas que operan en el continente, aprovechando a menudo lagunas y acuerdos nacionales ventajosos.
Para Apple, la disputa representa un hito financiero y legal, pero también una advertencia sobre las nuevas direcciones de la regulación europea. Para Irlanda, la decisión aporta un refuerzo multimillonario a las arcas públicas, pero suscita debates sobre su política fiscal y la atracción de inversión extranjera.